La región de La Araucanía ha sido escenario de un intenso debate respecto a la intervención de sus valiosos bosques de araucarias, especies emblemáticas y protegidas. Lo que comenzó como una aprobación para el retiro de ejemplares por obras viales, desencadenó una fuerte oposición de comunidades originarias y grupos ecologistas. La controversia puso de manifiesto la delicada balanza entre la expansión de infraestructuras y la preservación del patrimonio natural y cultural, forzando una rectificación por parte de las autoridades competentes y abriendo un nuevo capítulo de negociación en la zona.
El foco de la disputa se centró en la autorización emitida por la Corporación Nacional Forestal (CONAF) a mediados de julio. Dicha resolución permitía la tala de 96 árboles de araucaria, también conocida como pewén, para el progreso de mejoras en las Rutas S-61 y R-95, que conectan Melipeuco, Icalma y Liucura. La propuesta implicaba la remoción directa de 57 araucarias en el primer tramo y 39 en el segundo, además de afectar indirectamente a un número considerable de individuos de esta especie. La justificación de CONAF se basaba en el artículo 19 de la Ley 20.283, argumentando la necesidad de la obra para la conectividad y seguridad vial de interés nacional.
Como contrapartida a la intervención, se estipularon medidas de compensación que incluían la reforestación de casi 20 hectáreas con más de 5.000 araucarias jóvenes. Sin embargo, esta iniciativa no fue suficiente para calmar las inquietudes de los expertos y las organizaciones ambientales, quienes señalaron el lento crecimiento de la especie y la dificultad de asegurar la supervivencia de nuevas plantaciones a largo plazo. Además, se exigía que el titular del proyecto mantuviera una comunicación fluida con las organizaciones indígenas, dado el significado espiritual y ceremonial de estos territorios para las comunidades locales.
Ante esta situación, las comunidades mapuche-pehuenche de Lonquimay, en particular del Lof Kmkeñ (Quinquén), alzaron su voz. En un encuentro tradicional, decidieron unánimemente oponerse a cualquier acción que implicara la tala de los sagrados pewenes, elementos centrales de su cosmovisión, alimentación y cultura. Si bien no rechazaban las mejoras en la infraestructura vial, exigían que cualquier proyecto respetara sus derechos y territorios, haciendo hincapié en la necesidad de una consulta previa, libre e informada, conforme al Convenio 169 de la OIT. Anunciaron la preparación de acciones legales para invalidar las resoluciones y solicitaron una reunión con las autoridades, la cual se concretó posteriormente.
El punto de inflexión llegó cuando el seremi de Obras Públicas de La Araucanía, Patricio Poza, tras reunirse con líderes territoriales, anunció un cambio radical en la postura del MOP. Se garantizó que «no se tocará ninguna araucaria» para la construcción de los caminos y se instruyó a la Dirección de Vialidad a desistir del proceso vigente ante CONAF. El Ministerio se comprometió a retomar el diseño original del proyecto, que no contemplaba la intervención de estos árboles, y a convocar a una reunión más amplia con comunidades y organizaciones para lograr un consenso en el trazado. Este giro resalta la importancia de la conservación de la Araucaria araucana, declarada Monumento Natural desde 1990 y clasificada como especie en peligro de extinción, subrayando la necesidad de equilibrar el desarrollo con la protección de un ecosistema vital y culturalmente significativo.
