La agricultura en Castilla y León, particularmente el cultivo de remolacha azucarera, se encuentra ante una coyuntura crítica. La campaña de 2026 se perfila con una notable incertidumbre, impulsada por la propagación de la cercospora, una enfermedad que diezma los cultivos. Los productores de la región expresan gran inquietud ante la posible retirada del mercado del fungicida Univoq, una herramienta que consideran indispensable para contener esta plaga.
La cercospora (Cercospora beticola), comúnmente llamada "viruela" en diversas zonas agrícolas, se ha consolidado como la enfermedad foliar más perjudicial para la remolacha. Organizaciones como UPA Castilla y León alertan sobre la elevada probabilidad de cuantiosas pérdidas en las cosechas si no se dispone de soluciones eficaces. Esta situación podría poner en jaque la viabilidad de un sector agrícola vital para la economía regional, que aporta más del 70% de la producción nacional de remolacha azucarera.
La preocupación por la cercospora se intensifica al considerar las características de la enfermedad y su impacto. Este hongo afecta directamente las hojas de la planta, minando su capacidad para producir azúcar. En condiciones de alta humedad y temperaturas moderadas, el patógeno se disemina rápidamente, manifestándose con manchas en las hojas que, al progresar, provocan la muerte del follaje. En casos graves, la pérdida prematura de hojas reduce drásticamente el rendimiento y la calidad del cultivo. A pesar de que existen recomendaciones técnicas para su manejo, como la rotación de cultivos, la labranza profunda y el riego eficiente, la agresividad de nuevas cepas del hongo hace que estas medidas sean insuficientes por sí solas. La alternancia de materias activas fungicidas es crucial para evitar la resistencia, pero la reducción de opciones en el mercado complica aún más el panorama.
El foco del debate se centra en Univoq, un fungicida que, según el sector, ha demostrado ser el más efectivo contra la cercospora. La autorización excepcional de este producto en 2025 obtuvo resultados favorables, pero la normativa europea, que prioriza la seguridad ambiental y la salud pública, amenaza su continuidad. UPA Castilla y León ha solicitado a las autoridades nacionales y europeas una autorización de emergencia para 2026, argumentando la ausencia de alternativas igualmente eficaces y el alto riesgo que esto representa para la producción. La organización insiste en que, sin Univoq, la campaña podría ser catastrófica para cientos de agricultores, subrayando un desequilibrio entre las regulaciones y las necesidades reales del campo.
Más allá de las implicaciones agronómicas, la situación tiene un profundo impacto socioeconómico en las zonas rurales de Castilla y León, donde la remolacha azucarera es un pilar fundamental. Este cultivo no solo genera ingresos para las explotaciones, sino que también sustenta empleos en la industria azucarera y en servicios asociados. La reducción de la producción remolachera podría desencadenar una espiral negativa en cooperativas, fábricas y toda la cadena agroalimentaria, afectando a numerosas familias y comunidades. Ante este panorama, se hace imperativo un enfoque integral que combine la genética, las prácticas agronómicas y las herramientas químicas necesarias. El sector aboga por una mayor investigación en nuevas soluciones fungicidas y variedades resistentes, al tiempo que busca un equilibrio entre la sostenibilidad, la producción y la innovación, elementos cruciales para afrontar los desafíos sanitarios que la agricultura europea presenta en un contexto de cambio climático.
