Un análisis académico ha puesto de manifiesto cómo una reforma en la gestión de los recursos hídricos en Mula, una localidad en la Región de Murcia, al sureste de España, ha redundado en un notable incremento de la eficiencia agrícola. La transición de un sistema de subastas a otro basado en cuotas fijas de agua, implementada en 1966, es el catalizador de esta mejora, cifrada en cerca del seis por ciento. Esta transformación facilitó que agricultores con menores recursos económicos pudieran acceder al riego en las etapas críticas de sus cultivos, un factor que previamente les resultaba inaccesible por la falta de liquidez.
La investigación, llevada a cabo por Javier Donna, profesor de Economía en la Universidad de Miami, y José Espín-Sánchez, de la Universidad de Yale, se sumergió en la historia del mercado de agua de Mula, que data del siglo XIII. Sus hallazgos, publicados en la revista Review of Economic Studies, desafían la noción convencional de que las subastas siempre garantizan el uso más productivo de los recursos, especialmente cuando los participantes operan bajo distintas condiciones financieras.
Durante siglos, el acceso al agua en Mula se determinaba mediante subastas semanales. Aunque este mecanismo teóricamente asignaría el recurso a quienes más valoraban, el estudio desvela que, en la práctica, la capacidad de pago inmediato predominaba sobre la necesidad agronómica real de los cultivos. Los investigadores constataron que los agricultores con mayor solvencia económica podían superar las ofertas de aquellos con menos capital durante las fases cruciales del crecimiento de las plantas, sin que ello implicara necesariamente una mayor productividad de sus cultivos o una necesidad hídrica superior.
Este fenómeno se debía a que las necesidades de agua de los cultivos estaban intrínsecamente ligadas a la biología de las plantas y a su ciclo productivo, no a la riqueza de los propietarios. La investigación pudo diferenciar claramente entre una menor demanda voluntaria y una limitación financiera impuesta a los agricultores más modestos. Estos no dejaban de adquirir agua por considerarla menos valiosa, sino porque carecían de los fondos necesarios cuando la competencia elevaba los precios en momentos clave.
Los productores con recursos económicos limitados desarrollaron estrategias defensivas, ajustando sus compras a los vaivenes del mercado. Optaban por adquirir agua fuera de los periodos óptimos para el desarrollo de sus árboles, cuando las pujas eran más bajas, conscientes de su incapacidad para competir durante los picos de demanda. En contraste, los agricultores con más medios podían asegurar el riego en el momento preciso en que sus cultivos lo requerían. Esta disparidad temporal en el acceso al recurso influía directamente en la eficiencia productiva del agua, a pesar de que los productores menos capitalizados actuaran de forma racional dadas sus circunstancias. Esta situación es análoga a la de los agricultores que se ven obligados a vender sus cosechas prematuramente por urgencias de liquidez, lo que demuestra cómo las limitaciones financieras pueden alterar el momento de las operaciones y mermar la capacidad de elegir la opción más favorable agronómica o comercialmente.
La transformación del sistema de subastas a uno de cuotas fijas en Mula en 1966 ofreció a los investigadores una valiosa oportunidad para comparar el rendimiento productivo antes y después del cambio. El sistema de cuotas, ya empleado en otras zonas del sureste español, demostró ser un catalizador de mejora en la productividad agrícola, contrariamente a las expectativas iniciales de los autores, quienes presuponían una mayor eficiencia del mercado.
La clave del éxito del sistema de cuotas radicó en la limitación de la influencia del capital disponible sobre el acceso al riego. Al recibir una asignación estable, los agricultores podían gestionar el agua conforme a las exigencias de sus cultivos, sin la presión de competir semanalmente con propietarios de mayor poder adquisitivo. Si bien el estudio no postula la superioridad universal de las cuotas en cualquier mercado de agua, sí subraya un hallazgo crucial: en contextos de desigualdad financiera, una subasta puede favorecer al postor con más dinero en lugar de al que generaría un mayor rendimiento productivo.
Este proyecto de investigación, que se extendió por más de una década, implicó la ardua tarea de digitalizar archivos históricos como registros de subastas, padrones fiscales y documentos financieros. Esta labor minuciosa permitió a los investigadores reconstruir patrones de compra de agua, identificar el estatus económico de los compradores y evaluar el impacto de las restricciones de liquidez en las necesidades de los cultivos. La excepcional riqueza de los archivos de Mula, tanto por la longevidad del sistema como por la clara documentación de su transición, ofreció un caso de estudio sin precedentes para examinar un problema persistente en los mercados rurales actuales: la disparidad en la capacidad de financiación entre productores que, de otro modo, compartirían la misma necesidad de recursos.
Las conclusiones de este estudio trascienden el ámbito de Murcia, aportando una perspectiva fundamental en un momento de creciente escasez hídrica global. A medida que diversas regiones exploran el uso de precios, intercambios y subastas para gestionar recursos cada vez más limitados, los autores advierten sobre el riesgo de ampliar la brecha entre explotaciones capitalizadas y agricultores con márgenes reducidos. El encarecimiento del agua, propiciado por su escasez, puede agravar la vulnerabilidad de estos últimos, especialmente si carecen de acceso a crédito o deben afrontar simultáneamente los costes de insumos, mano de obra y mantenimiento. Las políticas de apoyo deben, por tanto, discernir cuándo la barrera principal es económica, tal como se ha observado en el caso de la identificación de necesidades entre pequeños productores.
Los hallazgos de esta investigación son cruciales para el diseño de sistemas de asignación de recursos que busquen equilibrar la eficiencia, la seguridad hídrica y un acceso equitativo. Entre las estrategias que podrían considerarse se encuentran las cuotas basadas en criterios agronómicos, mecanismos de crédito estacional, reservas destinadas a pequeños agricultores y mercados protegidos contra la exclusión financiera. Es imperativo ir más allá de la mera fijación de precios y considerar la capacidad real de financiación de los usuarios, la estacionalidad de los ingresos agrícolas, los calendarios de cultivo y el impacto de las restricciones temporales de efectivo en el rendimiento global de la campaña. Esta cautela es igualmente aplicable a otros acuerdos comerciales, como la agricultura por contrato, donde los pequeños productores a menudo se encuentran en desventaja frente a actores con mayor información, capital y poder de negociación.
