El gobierno español, a través de su Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se dispone a inyectar una considerable suma de 494,5 millones de euros en el sector agrario. Esta iniciativa beneficiará a 249.376 productores agrícolas que han solicitado activamente el apoyo extraordinario destinado a la compra de fertilizantes. La transferencia de fondos está programada para principios de septiembre. Esta acción forma parte de un plan gubernamental más amplio, diseñado para aliviar la carga financiera que el encarecimiento de los insumos agrícolas, exacerbado por el conflicto en Oriente Medio, ha impuesto sobre los agricultores.
Inicialmente, esta estrategia se concibió con un presupuesto de 500 millones de euros, pero una posterior enmienda legislativa en el Consejo de Ministros del 29 de junio elevó la dotación a 665 millones. La meta primordial es permitir que los agricultores mantengan prácticas de fertilización óptimas sin que el aumento de los costos de producción se traduzca en precios más altos para los consumidores finales. En su totalidad, incluyendo otras medidas de apoyo, el sector agrícola y pesquero español ha recibido 1.107 millones de euros en asistencia.
Los receptores de esta ayuda son aquellos que figuraban en la lista original publicada el 6 de julio y que ratificaron su aceptación en el plazo establecido de 20 días hábiles. Un pequeño porcentaje de agricultores, concretamente 1.290, optaron por no recibir la ayuda, mientras que 9.362 aún tienen expedientes pendientes de resolución administrativa. El Ministerio ha anunciado la publicación de listas adicionales para incluir a quienes, por motivos burocráticos, no pudieron formalizar su solicitud en la primera instancia.
Las subvenciones se han distribuido con criterios específicos: 92,5 euros por hectárea para cultivos de regadío y 38,33 euros por hectárea para los de secano, con un tope de 300 hectáreas por explotación. La base legal de estas medidas se asienta en el Real Decreto-ley 7/2026, del 20 de marzo, y su prórroga a través del Real Decreto-ley 18/2026, del 29 de junio. La escalada de precios de los fertilizantes, impulsada por las tensiones en Oriente Medio, ha generado la necesidad de estas ayudas para asegurar que la viabilidad de la producción agrícola no se vea comprometida, evitando así un impacto negativo en la cadena de suministro alimentario.
Geográficamente, Andalucía lidera la distribución con 87.674 beneficiarios, sumando 112,9 millones de euros. Le sigue Castilla y León, que, con 32.893 agricultores, recibirá la mayor asignación global, 117 millones de euros, gracias a su vasta extensión de tierras cultivadas. Castilla-La Mancha y Extremadura también se benefician significativamente, con 98,7 y 33,1 millones de euros respectivamente. Otras regiones como Galicia, Murcia y la Comunidad Valenciana también forman parte de este esquema de apoyo. El conjunto de estas ayudas abarca 9,56 millones de hectáreas en todo el país, distribuidas entre 7,2 millones de secano y 2,36 millones de regadío, calculadas con un límite máximo de 300 hectáreas por explotación.
Las organizaciones que representan a los agricultores han expresado su conformidad con el desembolso, aunque con ciertas observaciones. ASAJA ha manifestado inquietud por aquellos productores que, a pesar de tener derecho al apoyo, enfrentaron dificultades técnicas en la plataforma digital del FEGA o limitaciones con el sistema digital. Por su parte, COAG ha calificado la ayuda de "aceptable", pero ha solicitado la inclusión en futuros listados de agricultores que no reciben subvenciones de la PAC, pero que dependen de fertilizantes para cultivos como frutas, hortalizas, olivos y viñedos. Unión de Uniones ha valorado positivamente el respaldo, advirtiendo que, sin esta asistencia, muchos productores se verían obligados a abandonar sus cultivos debido a los bajos precios de los cereales y los elevados costos de producción.
