La gestión del agua en Ecuador ha sido redefinida, elevando su estatus de simple recurso económico a un derecho humano fundamental y patrimonio estratégico. Este cambio constitucional, cimentado en la necesidad de equilibrar la producción agrícola con la protección ambiental y el bien común, ha transformado el panorama para los productores agropecuarios. Ya no basta con la fertilidad de la tierra o la inversión; el conocimiento y el cumplimiento del marco legal que rige el acceso y uso del agua son cruciales para el éxito y la sostenibilidad.
Anteriormente, la concepción popular era que la propiedad de una finca automáticamente otorgaba derechos sobre el agua que la atravesaba o yacía en su subsuelo. Sin embargo, esta idea ha sido desmantelada. La Constitución ecuatoriana declara explícitamente que el agua pertenece al dominio público del Estado. Por ende, los productores no adquieren la propiedad del recurso, sino un derecho de uso y aprovechamiento que se otorga conforme a la ley y está supeditado a condiciones técnicas, ambientales y administrativas rigurosas.
La Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, en consonancia con la Constitución, detalla los principios de esta nueva visión. Entre ellos se destacan el uso responsable y eficiente, la gestión integrada por cuencas hidrográficas, la solidaridad entre usuarios, la participación ciudadana, la protección ambiental, la prevención de la contaminación, la sostenibilidad para futuras generaciones y la seguridad hídrica. Este marco legal busca garantizar que haya suficiente agua para la producción de alimentos, la conservación de la biodiversidad y la satisfacción de las necesidades humanas.
Un pilar fundamental de la legislación ecuatoriana es la prelación de usos. En situaciones de escasez, la ley establece un orden jerárquico para la distribución del agua: primero, el consumo humano; segundo, el riego para asegurar la soberanía alimentaria; tercero, los caudales ecológicos para preservar los ecosistemas; y finalmente, otros usos productivos e industriales. Esta jerarquía subraya la importancia que el Estado confiere a la producción agropecuaria como garante del derecho a la alimentación, sin eximir al productor de la obligación de usar el recurso con eficiencia y responsabilidad.
La agricultura moderna, lejos de limitarse a sistemas de riego tradicionales, integra el agua en todas sus etapas productivas: desde el riego de cultivos y la producción pecuaria hasta la acuicultura, limpieza, procesamiento de alimentos y manejo sanitario. Cada una de estas actividades requiere una planificación técnica rigurosa y el estricto cumplimiento de la normativa vigente. La eficiencia en el uso del agua se ha convertido en un indicador clave de competitividad agrícola.
Las Juntas de Riego y otras organizaciones de usuarios desempeñan un papel vital en este modelo de gestión comunitaria, facilitando la distribución del agua, el mantenimiento de la infraestructura hídrica y la resolución de conflictos. Fortalecer estas entidades es fundamental para una gobernanza más eficiente y participativa del agua. La tecnificación del riego, mediante sistemas como el goteo y la agricultura de precisión, es crucial para enfrentar los desafíos del crecimiento poblacional y el cambio climático, produciendo más con menos agua.
En última instancia, el agua es mucho más que un recurso esencial para la producción agrícola; es el cimiento de la vida, la soberanía alimentaria, el desarrollo rural y el equilibrio ambiental. Su administración debe trascender la perspectiva técnica o económica para abrazar una visión jurídica y ética que reconozca su valor estratégico para la nación. El productor agropecuario del siglo XXI, más allá de la calidad de sus cultivos, debe distinguirse por su capacidad para gestionar el agua de manera responsable, cumplir la legislación, proteger las fuentes hídricas e integrar tecnologías que optimicen su uso. La propiedad de la tierra puede abrir las puertas a la producción, pero el acceso legal y sostenible al agua asegura su permanencia a lo largo del tiempo. Proteger cada gota es sembrar el porvenir, cosechar equidad y garantizar la existencia para las generaciones futuras.
