La administración del arbolado, especialmente algarrobos y pinos, en las cercanías de áreas habitadas, se ha convertido en un punto crucial dentro del debate sobre la protección civil y la prevención de conflagraciones forestales. En la montaña de Ponera, situada en Sagunt, los residentes llevan más de dos años solicitando, sin éxito aparente, la intervención de las autoridades frente a una propiedad privada desatendida por más de una década. Este terreno, cubierto de algarrobos y pinos sin el cuidado adecuado, genera una considerable ansiedad, ya que los habitantes perciben un grave peligro de incendio que podría amenazar numerosas viviendas dispersas en esta zona boscosa.
Desde el inicio, los vecinos alertaron sobre esta problemática a través de comunicaciones escritas dirigidas a diversas instancias administrativas. En marzo de 2023, la situación fue expuesta ante el antiguo Consell Agrari de Sagunt, y poco después, un informe técnico municipal confirmó la presencia de vegetación seca que facilitaría la propagación del fuego. Se solicitó entonces a los dueños del predio que procedieran con el desbroce y la poda necesarios. La legislación actual, específicamente el artículo 16 del Real Decreto Legislativo 7/2015, impone a los propietarios la obligación de mantener sus terrenos en condiciones que minimicen los riesgos de incendio, erosión o inundación, buscando proteger el bienestar colectivo y el medio ambiente. Sin embargo, los vecinos lamentan la ausencia de progresos tangibles, observando cómo el peligro se agrava con el tiempo. Ante la ineficacia de las gestiones municipales, los afectados acudieron a la sección de Prevención de Incendios Forestales de la Conselleria, buscando una acción urgente. La respuesta autonómica fue que la competencia recaía en el ámbito municipal, recordándoles que parte de la parcela está identificada en el Plan Local de Prevención de Incendios como área prioritaria para una faja cortafuegos.
A pesar de las gestiones y solicitudes continuas, el proceso administrativo no ha rendido frutos, con los afectados siendo derivados de una oficina a otra sin obtener una solución eficaz. Los residentes describen un empeoramiento progresivo de la situación y un temor creciente a un incendio, especialmente ante las elevadas temperaturas que suelen afectar la región y que transforman la vegetación en un alto riesgo. La falta de intervención en estas áreas con algarrobos y pinos no solo compromete la seguridad humana, sino que también amenaza el patrimonio natural. La normativa permite al ayuntamiento ejecutar la limpieza de manera subsidiaria y luego repercutir los costos a los propietarios, aunque esta medida aún no se ha implementado en este caso. Es crucial que las administraciones actúen con celeridad y coordinación para salvaguardar las viviendas y el entorno natural, ya que la situación en Ponera subraya la necesidad de una gestión forestal proactiva y medidas preventivas que eviten desastres. La colaboración entre la comunidad, las autoridades locales y regionales es fundamental para mitigar riesgos y asegurar la tranquilidad de todos.
