La expansión del cultivo comercial de caña de azúcar en la zona oriental de Uganda no ha generado una mejora directa en la nutrición de las familias agrarias. Una investigación llevada a cabo por James Kintu en la región de Busoga subraya una aparente contradicción: aunque se incrementa el área dedicada al abastecimiento de las industrias azucareras, numerosos hogares rurales continúan luchando por obtener alimentos suficientes.
Los hallazgos, publicados el 14 de octubre de 2026, indican que el problema trasciende la cantidad producida por los agricultores o los ingresos generados por la caña. También influyen la asignación de tierras, las estipulaciones de los acuerdos comerciales y la forma en que se administran los recursos obtenidos de las cosechas. En los distritos de Jinja y Buyende, analizados por el investigador, hasta el 80% de la tierra cultivable familiar puede dedicarse a la caña de azúcar, dejando aproximadamente un 20% para la producción de alimentos. Esta situación es particularmente preocupante en una región donde el censo de población de 2024 reveló que cerca de un tercio de los hogares había pasado días completos sin comer. La investigación sugiere que para fortalecer la seguridad alimentaria de estas comunidades es fundamental reexaminar las relaciones económicas y las condiciones de participación familiar en la industria azucarera, más allá de simplemente aumentar la producción.
La producción de caña de azúcar en Busoga, una región agrícola en el este de Uganda, se consolidó en la década de 1920 con la creación de una importante planta de procesamiento. Tras la liberalización del sector en 1991, el cultivo se ha extendido significativamente, triplicándose la superficie sembrada entre 2000 y 2024. Aunque esta expansión ha creado oportunidades comerciales para miles de familias, también ha alterado el uso del suelo y las dinámicas económicas locales. La mayoría de los pequeños productores operan bajo contratos con las fábricas, lo que permite integrar sus parcelas en la cadena agroindustrial. Sin embargo, los acuerdos suelen establecerse con los hombres como jefes de familia, lo que impacta la distribución de los ingresos y la capacidad de decisión de las mujeres. Esta práctica genera dificultades para las mujeres en el acceso a la propiedad y la toma de decisiones sobre las tierras agrícolas, a pesar de su activa participación en el trabajo agrícola.
James Kintu centró su investigación en los distritos de Jinja y Buyende para entender por qué el auge de la industria azucarera no ha reducido la inseguridad alimentaria. Sus estudios revelaron que hasta el 80% de las parcelas familiares se dedican a la caña, limitando la producción de alimentos. Además, los ingresos de la caña no siempre se destinan a la compra de alimentos, especialmente cuando los contratos están a nombre de los hombres, dejando a las mujeres con la responsabilidad principal de alimentar a sus hogares. Los contratos a largo plazo, a menudo sin el consentimiento de todos los miembros de la familia, restringen la flexibilidad en el uso de la tierra. Las viudas enfrentan desafíos para mantener el control de los contratos tras el fallecimiento de sus esposos, perdiendo acceso a tierras y crédito. La asistencia técnica también es desigual, favoreciendo a los titulares de contratos, generalmente hombres, lo que excluye a las mujeres. La expansión del sector azucarero también impacta a los trabajadores rurales, con jóvenes que pierden acceso a tierras y recurren a empleos mal remunerados, a veces incluyendo trabajo infantil.
La apertura de una nueva fábrica de azúcar en Buyende, Kidera Sugar, ofrece una oportunidad para reformar los contratos y promover una mayor equidad de género. Kintu sugiere permitir que las mujeres firmen directamente los acuerdos y asegurar la continuidad de los contratos para las viudas. Además, propone que las instituciones reguladoras supervisen los contratos para garantizar la participación de ambos cónyuges y registrar los acuerdos de uso de la tierra. Fortalecer la inspección laboral en las áreas de cultivo de caña también es crucial. Estos cambios buscan mejorar las condiciones de participación de las familias, asegurando que el desarrollo de la industria azucarera beneficie a toda la comunidad y contribuya eficazmente a la seguridad alimentaria, haciendo que la actividad económica también sirva al bienestar de quienes trabajan la tierra.
